Hace unos días, PEGI, el sistema europeo de clasificación por edades de videojuegos, comenzó a actualizar las clasificaciones de determinados títulos digitales que incluyen elementos aleatorios de pago, como las loot boxes. La medida forma parte de una revisión de los criterios del organismo, que desde junio comenzó a aplicar nuevas pautas a los juegos recién presentados y que ahora también alcanzan a determinados títulos que ya estaban disponibles.
Hasta el momento, entre los juegos afectados se encuentran EA Sports FC, los títulos móviles de Pokémon —incluidos Pokémon GO y Pokémon Trading Card Game Pocket—, Mario Kart Tour y Zenless Zone Zero, de HoYoverse. Estos videojuegos contaban con clasificaciones PEGI 3, 7 o 12 y ahora pasan a PEGI 16 debido a sus sistemas de recompensas aleatorias de pago.
Desde su página oficial, PEGI informó que «Las actualizaciones se realizarán en todas las tiendas que utilizan clasificaciones PEGI y tardarán algún tiempo en completarse«. Además, señaló que las empresas deberán actualizar las fichas de sus productos y adaptar los futuros materiales de marketing a las nuevas clasificaciones.
Por su parte, el director de PEGI, Dirk Bosmans, explicó que «Esta actualización garantiza que, cuando los juegos más antiguos sigan siendo populares en el futuro, reflejen los estándares actuales de clasificación por edades de PEGI«.
¿Cómo puede afectar estos cambios en el futuro cercano?
Desde el lado de los jugadores, el endurecimiento de los criterios de PEGI puede considerarse un avance en la protección de los menores. La medida reconoce que los riesgos asociados a un videojuego no dependen únicamente de su contenido audiovisual, sino también de sus sistemas de monetización. En particular, las loot boxes y otras mecánicas que ofrecen recompensas aleatorias a cambio de dinero generan preocupación por su posible relación con la ludopatía. En este sentido, el cambio también responde a un debate que lleva años presente entre jugadores, especialistas y organizaciones de protección al consumidor.
Desde el punto de vista empresarial, en cambio, la medida podría representar un desafío para los modelos de monetización actuales. Una clasificación por edades más elevada puede limitar el acceso de determinados públicos a algunos títulos y obligar a las compañías a reconsiderar sus estrategias comerciales. Sin embargo, el impacto dependerá de cada juego, de su público objetivo y de las decisiones que adopten sus desarrolladores y distribuidores.
Entre los posibles escenarios en la búsqueda de nuevas formas de generar ingresos. Algunas empresas podrían reemplazar las recompensas aleatorias por compras directas de objetos o contenidos, mientras que otras podrían reforzar sus sistemas de monetización existentes. Esto último abre interrogantes sobre si los videojuegos podrían incorporar más ventajas de pago, profundizando las mecánicas conocidas como pay to win, en las que gastar dinero permite obtener ventajas frente a otros jugadores. No obstante, se trata de una posibilidad, no de una consecuencia confirmada de los nuevos criterios de PEGI.
También queda abierta la cuestión de los precios. Si las compañías consideran que estas medidas reducen los ingresos de sus microtransacciones, podrían intentar compensarlo mediante otros mecanismos comerciales, incluidos posibles aumentos en el precio de los juegos. Aun así, no hay motivos suficientes para afirmar que esta será una respuesta generalizada.
En un escenario más extremo, una reducción sostenida de los ingresos podría contribuir a que algunas empresas revisaran sus estructuras de costos, con posibles recortes de personal o cierres de estudios, tal y como está sucediendo con Ubisoft o Electronic Arts. Sin embargo, sería apresurado atribuir decisiones de este tipo exclusivamente a los cambios de PEGI. Los procesos de reestructuración de compañías como Ubisoft y EA responden a múltiples factores empresariales, por lo que deberían utilizarse como contexto de la situación económica de la industria y no como una consecuencia directa de esta medida.
En definitiva, el impacto de los nuevos criterios dependerá de cómo respondan las compañías y de su capacidad para adaptar sus modelos comerciales. La cuestión de fondo será si una mayor protección de los menores puede impulsar formas de monetización menos dependientes de las recompensas aleatorias o si la industria encontrará otros mecanismos para mantener sus ingresos.
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